Esta explotación porcina ha seguido funcionando sin las autorizaciones ambientales pertinentes, que fueron anuladas en una Sentencia de fecha 26 de enero de 2018 por el TSJ de Castilla-La Mancha.
La Junta fue condenada por seguir un “procedimiento administrativo ilegal”, ya que no dejó un periodo de información pública tras la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental.
La Junta se ha limitado a volver a publicar la Declaración Ambiental de fecha 18 de julio de 2014, la cual se encuentra caducada.
Jueves, 25 de septiembre de 2018
La Junta ha publicado nuevamente la Autorización Ambiental Integrada de la explotación de Huerta de la Obispalía. Esta explotación ha seguido funcionando tras ser anuladas sus autorizaciones ambientales en una Sentencia del TSJ de fecha 26 de enero de 2018. El Seprona acudió a la explotación en junio, realizando un atestado en el que confirmaba tal extremo, el cual fue entregado a la Viceconsejería de Medio Ambiente sin que ésta actuara hasta la fecha.
La Junta, en vez de abrir un expediente sancionador por no cumplir la normativa ambiental, ya que una explotación de este tipo no puede funcionar sin las respectivas autorizaciones ambientales, publicó en fechas posteriores a este atestado la misma Declaración Ambiental que fue anulada por el TSJ, la cual, por tener más de tres años, está caducada.
Por otra parte, en la Resolución de esta Declaración no fue abierto un periodo de información pública, que fue precisamente la razón por la que dicha Declaración Ambiental fue anulada por el TSJ.
En la resolución judicial de enero de este año se acredita con un informe pericial que las aguas de consumo público del municipio de Torrejoncillo del Rey, cuya Ayuntamiento interpuso la demanda, fueron contaminadas por los nitratos de esta explotación.
Daniel González, portavoz de Pueblos Vivos Cuenca, afirma que “la administración regional sigue sin cumplir ni hacer cumplir la normativa ambiental para este tipo de explotaciones, en el caso de Huerta de la Obispalía se permite funcionar a una explotación sin las autorizaciones ambientales, que, por cierto, ya ha contaminado el acuífero de la zona”.
Y añade que “el discurso del Consejero Martínez Arroyo sobre la rigurosidad en el cumplimiento de la normativa ambiental queda en papel mojado ante estos hechos, que desgraciadamente son la norma en estos dos últimos años, vemos como se aprueban proyectos en los que las parcelas para los purines no guardan las distancias requeridas por la normativa con los cauces hídricos o con los cascos urbanos, no se presentan los planes de abonado, se aprueban proyectos a escasos dos kilómetros del Parque Arqueólogico de Segóbriga, en el municipio de Almendros, que una gran afección al Patrimonio Cultural.
“En el caso de Cañete, pendiente de sentencia judicial, se aprobó una explotación a menos de dos kilómetros de un matadero, algo que no permite la legislación. Los casos son innumerables. En Villar de Domingo García se acaba de presentar un proyecto cuyos purines serán esparcidos en los alrededores del mosaico de Noheda. Tememos que la Junta también le dará el visto bueno», finaliza Daniel González.
