- La demanda la interpuso en 2014 el Ayuntamiento de la localidad contra la instalación de una explotación en Huerta de la Obispalía, aunque no se ha opuesto a la proyectada actualmente en su mismo término
- Los magistrados declaran nula la resolución de impacto ambiental pues esta «ha de ser previa a la autorización y hacerse pública» y «no siguió el procedimiento legal establecido”
Una sentencia publicada el pasado 15 de enero por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha determina que «queda suficientemente acreditado por los informes de los Servicios de Salud de la Consejería de Sanidad que las aguas de consumo público de Torrejoncillo del Rey están contaminadas por los nitratos procedentes de los purines y estiércol originados por las granjas de cerdos y vacas, no siendo aptas para el consumo humano”. Así lo manifiesta también el informe de un perito agrónomo que se adjunta en la demanda que en 2014 presentó el Ayuntamiento de dicha localidad ante lo contencioso-administrativo contra la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha del anterior Ejecutivo, los promotores de una macrogranja porcina para más de 35.000 cabezas y el consistorio de Huerta de la Obispalía, localidad cercana donde se instaló la explotación.
Los magistrados también afirman que la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental «no siguió el procedimiento legal establecido” puesto que la declaración de Impacto Ambiental ha de ser pública y previa a la Autorización Ambiental Integrada pero se publicaron a la vez, por lo que declaran la nulidad de la resolución. Según la entidad que ha difundido esta información, la Pueblos Vivos Cuenca —que agrupa a vecinos afectados por estas explotaciones de Priego, Torrejoncillo del Rey, Cañete, Campillo de Altobuey, Villanueva de la Jara, Pozorrubielos de la Mancha, Almendros, Tinajas, Mota del Cuervo y a Ecologistas en Acción—, este «procedimiento ilegal» viene siendo la norma para la concesión de las autorizaciones ambientales en los proyectos de ganadería industrial pues aseguran que la administración regional está «acelerando los trámites» de las autorizaciones ambientales, en su opinión, «favoreciendo los intereses de las grandes empresas cárnicas frente al derecho público a la protección ambiental que consagran tanto la legislación regional como el propio artículo 45 de la Constitución».
Además, apuntan que esta sentencia «contradice de manera clara» el discurso de la Administración regional, que niega la posibilidad de estos casos de contaminación por nitratos, y de las empresas del sector cárnico que se aferran a la «supuesta estricta normativa ambiental» para afirmar que esto no puede suceder. Aunque no creen que sea una contaminación deliberada, sí confirma que las macrogranjas representan una actividad «con riesgos medioambientales». Por ello, vuelven a defender alternativas económicas sostenibles que ya están funcionando en la provincia y la región pues muchos emprendedores rurales, especialmente turísticos, están «en peligro» por estos macroproyectos.
Agricultura recuerda que los Ayuntamientos pueden denegar la licencia de actividad
Por su parte, el director general de Agricultura, Joaquín Cuadrado, ha respondido que esta autorización fue elaborada y publicada por el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal en agosto de 2014 y que el actual Gobierno «está cumpliendo con todos los procedimientos y aplicando escrupulosamente la normativa» para que «todas las granjas que se pongan en marcha cuenten con las garantías ambientales y sanitarias necesarias” pues estas explotaciones intensivas de porcino «tienen un peso importante en la economía provincial y en el empleo«. No obstante, ha recordado que si alguna localidad no quiere que se implante allí una instalación de este tipo, su Ayuntamiento «puede impedirlo, denegando la licencia de actividad».
Petición de licencia de obra y actividad para una nueva explotación porcina en Torrejoncillo del Rey.
Llama la atención que sea el mismo consistorio de Torrejoncillo del Rey que no se opone al proyecto para construir una explotación para 2.000 cerdos de engorde planteada en el término. Su ubicación estaba prevista a 200 metros de la mina romana de lapis specularis ‘La Mora Encantada’ pero, debido a la fuerte oposición social —con gran repercusión mediática y recogida de firmas (ver Alcarria Es Más, 25 de mayo de 2017)—, el promotor inició una nueva solicitud de licencia de obra y actividad en otra parcela más alejada, según el anuncio publicado por el Boletín Oficial de la Provincia del 14 de julio de 2017.
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