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El Tribunal Superior de Justicia de C-LM anula la declaración ambiental de una explotación porcina de Huerta de la Obispalía

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado un recurso contencioso-administrativo presentado por el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey contra la declaración ambiental de una macrogranja porcina dependiente de Huerta de la Obispalia, parte codemandada junto a la Junta de Comunidades y los impulsores del proyecto.

Concretamente, la sentencia estima un recurso contra la macrogranja porcinas silencio administrativo de la resolución del 28 de agosto de 2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por lo que se otorgaba autorización ambiental a esta explotación porcina. El Ayuntamiento de Torrejoncillo recurrió contra la granja al comprobar por los análisis de los Servicios de Sanidad que el agua de abastecimiento de pueblo superaba el límite legal de nitratos, resultando no potable. El Ayuntamiento de Torrejoncillo suplicaba a la sala la impugnación de la autorización porque «pone en grave riesgo la calidad de los recursos hídricos de toda la comarca».

En su recurso alegó que no se había seguido el procedimiento legal establecido, «es decir, que la declaración de impacto ambiental ha de ser previa a la autorización y ha de hacerse pública», algo que no ocurrió.

Uno de los ponentes añade un voto particular en el que explica que en realidad «no se atisba la defectuosa tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental», pero si que considera que debe anularse la autorización ambiental porque un informe de los servicios de Salud de la Consejería de Sanidad acredita que «las aguas de consumo público de Torrejoncillo del Rey están contaminadas por los nitratos procedentes de los purines y estiércol originados por las granjas de cerdos y vacas de la empresa autorizada, no siendo apta para el consumo humano«. Por tanto, este ponente considera que ese debe ser el motivo de la nulidad y no el meramente formal, sin necesidad de espero de declaración ambiental de «incierto resultado e innecesario», pues a su juicio ya se conocen los daños que provocar los 35.000 animales concentrados en los establecimientos ganaderos de la comarca.