La plataforma vecinal contra la macrogranja de gallinas de San Clemente pide paralizar su tramitación ante la expansión de la epidemia de gripe aviar en España

• La plataforma considera que el sacrificio de más de 130.000 aves de corral en una sola instalación en Valladolid demuestra los riesgos de las macrogranjas aviares y pone de manifiesto la escala desmesurada del proyecto de San Clemente, una de las mayores explotaciones aviares de Europa.

• Consideran que debería iniciarse el procedimiento de revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada del proyecto, aprobada por la Viceconsejería de Medio Ambiente de la JCCM el pasado 2019, al considerar que el proyecto carece de plan de bioseguridad.

La plataforma vecinal contra la macrogranja de gallinas del municipio de San Clemente considera que es una irresponsabilidad por parte del gobierno de Castilla-La Mancha continuar con los trámites para la construcción de una explotación de ganadería industrial de alta densidad animal, con casi millón y medio de gallinas de puesta en suelo, ante la situación actual de expansión de gripe aviar H5N1 de alta patogenicidad entre aves que está azotando España en el último mes.

Según su portavoz Llanos Ortiz “En las últimas semanas se ha especulado mucho sobre las macrogranjas en nuestro país, llegando a negarse su existencia por parte de representantes de diversos partidos políticos, promoviéndose bulos y generando confusión entre la opinión pública. La realidad es que, si no existieran las macrogranjas, no habrían tenido que sacrificar a más de 130.000 gallinas de golpe en una sola instalación, como ha pasado estos días en Valladolid”. Añade que, “es demencial que, ante esta situación que está afectando a diversos países de Europa desde hace meses y en el último mes a España, las autoridades no cuestionen ni suspendan la tramitación de este proyecto que RUJAMAR apoyado por el Banco de Santander propone instalar y que sería la mayor explotación avícola de puesta del país y una de las mayores de Europa.”

Apoyo ciudadano

La plataforma, que cuenta con el apoyo de más de 40.000 ciudadanos y ciudadanas que, en tan solo un mes firmaron una petición para que se paralizaran los trámites, viene alertando desde el pasado septiembre de la gran preocupación que hay entre los vecinos por los riesgos que conllevan este tipo de explotaciones para su entorno rural, y que incluye el riesgo de zoonosis.

A pesar de que, recientemente diversos medios de comunicación han divulgado que la gripe aviar no es transmisible a humanos, cabe señalar que, si bien el riesgo es generalmente bajo, el mes pasado se notificó un caso de infección humana por el virus en Reino Unido, y hace dos meses se reportó la muerte de una mujer en China a causa de la variante H5N6. Según un informe de la OMS, en los últimos 18 años hay reportados globalmente un total de 863 casos de la variante H5N1 de gripe aviar reportados en 18 países, de los que 455 fallecieron.

El propio Ministerio de Sanidad reporta que, en 2020 y 2021, a nivel mundial, se ha observado un incremento en la notificación de casos humanos esporádicos de gripe aviar, detectándose casi diez veces más en 2021 con respecto a años previos. Añade que los virus de la gripe aviar se encuentran entre los patógenos emergentes y reemergentes más preocupantes para la salud pública por su potencial pandémico.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente considera que las explotaciones industriales de esta magnitud con alta concentración de animales propician la proliferación de este tipo de virus, y la propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomienda reducir la densidad de animales en estas instalaciones.

La explotación a la que se oponen los vecinos de esta plataforma estaría ubicada cerca de zonas habitadas de Casas de Roldán, Casas de los Pinos, Los Estesos, todos ellos en la provincia de Cuenca, y Ventas de Alcolea, pedanía de Villarrobledo, provincia de Albacete, y lo que es aún más preocupante, a menos de 500 metros de numerosas viviendas de la zona.

La plataforma, respaldada por la asociación Pueblos Vivos de Cuenca, expresa su disconformidad ante la moratoria contra las macrogranjas aprobada en enero por no incluir la ganadería aviar. Achacan a una falta de escrúpulos el pretender hacer una instalación tan descomunal a escasos metros de viviendas habitadas, vulnerando así sus derechos básicos de bienestar.

Repercusiones de la macrogranja

Las consecuencias negativas que una instalación de estas características puede generar en el entorno rural son numerosas. El desproporcionado tamaño de la instalación, proyectada para 1.020.000 gallinas de puesta y 360.000 pollitas de recría, supone una amenaza para la vida rural; con un enorme impacto medioambiental, social y contra la salud de las personas, además de que no vela, bajo ningún concepto, por el bienestar animal, contrariamente a lo que argumenta la promotora.

En el caso de producirse posibles brotes con potencial zoonótico en la instalación proyectada, el sacrificio de animales, la logística, pérdida económica, y los riesgos se multiplicarán por más de 10 con respecto a la explotación de Valladolid recientemente afectada. La percepción de que se carece de un plan de actuación concreto genera aún más desconfianza hacia la macrogranja por parte de vecinos y vecinas.

Insisten en que, contrariamente a lo que afirman muchos bulos circulados desde el mes pasado a raíz de las declaraciones de Garzón, su oposición no es contra la ganadería en general, sino expresamente contra ese modelo industrial con gran concentración de animales, y, de hecho, apoyan modelos ganaderos más sostenibles de ganadería extensiva, o incluso intensiva de menor escala y densidad de animales, bien gestionada.

Consideran imperativo que se defina, regule y ejecute un Plan Estratégico de Ganadería Intensiva con normativas detalladas, rigurosas y acordes a la escala de las explotaciones y se valore el impacto ambiental acumulado de la ganadería intensiva en Castilla-La Mancha.

Destacan también que las propuestas en trámites, con evaluaciones de impacto ambiental ya admitidas, como la macrogranja avícola de puesta de San Clemente, aprobada en 2019, debería iniciarse el procedimiento de revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada del proyecto para que se examine y actualice su plan de bioseguridad y prevención de riesgos biosanitarios, que consideran prácticamente inexistente, ya que la pandemia actual por COVID-19 ha supuesto un antes y un después en nuestros riesgos frente a posibles zoonosis, lo que pone nuevamente en punto de mira el gran riesgo que supone este modelo de explotación aviar de gran escala.