Como era de esperar, la Comisión Europea lleva, una vez más, a España ante el Tribunal de Justicia Europeo. Esta vez por la «deficiente» respuesta recibida ante la contaminación de aguas por nitratos procedentes de la ganadería y la agricultura industrial.
En el verano de 2019, supimos que el 46% de los acuíferos españoles estaban en riesgo por esta contaminación y que el Ministerio para la Transición Ecológica preparaba una orden para declarar las zonas afectadas por el problema para desarrollar un programa de control. Y todo gracias a que la Comisión Europea había remitido una carta de emplazamiento en noviembre del 2018 como primer paso del procedimiento de infracción abierto a España por dicha causa.
El verano pasado conocíamos que la Comisión Europea había dado un ultimátum a España, de tres meses, para que afrontara, de una vez por todas, la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos producidas por los residuos de origen ganadero procedentes de la industria agroalimentaria.
Recordemos que la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura dice que: «los Estados miembros deben controlar sus aguas e identificar las afectadas o que puedan verse afectadas por la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias». Además, «También están obligados a calificar las superficies cuya escorrentía fluya hacia esas aguas como zonas vulnerables a los nitratos y a establecer programas de acción adecuados para prevenir y reducir la contaminación por esa causa».
Y no solo eso, las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario deben «actualizarse cada cuatro años» según marca la Directiva y en Castilla-La Mancha estuvieron sin actualizarse desde la Orden dictada en febrero del 2011 hasta el año pasado cuando se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la Orden 158/2020, de 28 de septiembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se «ampliaba» la designación de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en la región. Lo que demostró ser una vez más, una muestra más de dejadez e improvisación, de esas que la Junta nos tiene acostumbrados en materia medioambiental, según denunciamos desde Pueblos Vivos Cuenca en los medios. En la que se demuestra que se niegan a investigar en profundidad las zonas contaminadas por nitratos procedentes de las macrogranjas, ya que no recogía muchos de los municipios de la provincia de Cuenca en los que su agua de abastecimiento público superaba los niveles para ser considerada potable.
Esta no es la primera vez que España es condenada en materia medioambiental. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó, en julio del 2018 a España, a pagar 12 millones de euros por el incumplimiento de la Directiva comunitaria sobre depuración de aguas residuales urbanas y a seguir pagando una multa de 11 millones de euros al semestre hasta que se solucionara la falta de depuración de aguas residuales. Multa que llegó tras un sinfín de avisos, cartas de emplazamiento e, incluso, una condena, aunque sin multa, del mismo Tribunal en 2011. Multa que a día de hoy seguimos pagando y que mínimo durará hasta el 2022. Otro problema que sigue sin solucionarse a estas alturas.
Y próximamente, llegará otra multa millonaria por no controlar la contaminación producida por los nitratos procedentes de la agricultura y ganadería intensivas en el agua. Pero en estos casos quien contamina no paga sino que pagamos todos.
España, como no podía ser de otra forma, sigue a la cabeza de Europa en infracciones ambientales y hemos ocupado esta posición nueve veces desde 2007, que se dice pronto. El año 2020, España lo cerró con 30 expedientes abiertos, cinco más que en 2019. ¿Con cuántos lo cerraremos este año?
