- También han inciado una recogida de firmas en Change.org, que suma más de 1.400 adhesiones, para reivindicar «su derecho a respirar un aire limpio, sin malos olores” y a tener unas «aguas no contaminadas»
- Un Colegio de Ingenieros Agrónomos ha presentado un recurso ante el Ayuntamiento para que no conceda el certificado de compatibilidad urbanística pues el proyecto ha sido redactado por una arquitecta
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Los vecinos de Barajas de Melo que forman parte de la Asociación Ciudadana El Ballestar —urbanización que pertenece al municipio—, de la iniciativa de permacultura Rhizobium, de la Asociación GClub y de la Plataforma Vivos Cuenca, se han unido para preparar alegaciones conjuntas, tras presentar más de 100 particulares, contra el proyecto de granja de selección para 2.690 plazas de cerdas reproductoras (de cría) con lechones de hasta 20 kilos, 296 cerdas de autorreposición y 12 verracos (cerdos machos), actualmente en fase de información pública (ver Alcarria Es Más, 3 de octubre de 2019). Así lo han confirmado a esta redacción desde de la primera entidad tras la charla informativa celebrada el pasado sábado en El Ballestar a la que asistieron cerca de 80 personas, aunque matizan que el rechazo a la explotación es mayor entre los vecinos de esta urbanización que entre los de Barajas de Melo, pese a que la tendrán más cerca, a unos 3,6 km del núcleo urbano, en el paraje conocido como ‘Cañada de la Dehesa’.
El encuentro, al que afirman haber invitado al promotor (la empresa madrileña Mayengal, S.L.) y a los miembros del Ayuntamiento pero solo asistieron los concejales del partido en la oposición, respondió a la “preocupación” de los habitantes por los posibles inconvenientes que causarán, de salir adelante, estas instalaciones. De hecho, uno de ellos ha iniciado una recogida de firmas en Change.org que ya lleva más de 1.400 adhesiones para reivindicar «su derecho a respirar un aire limpio, sin malos olores”, a tener unas «aguas no contaminadas» y «a un mundo rural vivo”.
Daniel González, portavoz de Pueblos Vivos Cuenca, habló de los estudios que ya “muestran una unión entre la despoblación y las macrogranjas” pues muchos pueblos con los acuíferos contaminados llevan años sin agua potable debido al vertido de purines, “prohibido por la Unión Europea”, aunque Castilla la Mancha ha solicitado una moratoria. A su juicio, estas explotaciones dejarán a los pueblos afectados “devastados, contaminados y a su suerte” y a los agricultores “con un proyecto inservible a todos los niveles”, incluido el económico. Además, apuntó que este tipo de explotaciones necesitan una «cantidad inasumible de agua», precisamente la “gran dificultad” que debe salvar el promotor, que la ha cifrado en 22,5 millones de litros al año necesitando 4 hectáreas de regadío. Aunque ya los ha solicitado a los agricultores de la ‘Comunidad de Regantes de los ríos Donace y Calvache’, toda actuación que se realiza en torno de un cauce debe también recibir la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo (ver Alcarria Es Más, 16 de abril de 2019).
En cuanto a los puestos de trabajo prometidos —22, según afirma la promotora en el Informe de Impacto Ambiental publicado en NEVIA— González matizó que son “siempre ficticios” dado que incluyen a los trabajadores empleados en la construcción de las infraestructuras, pero realmente son instalaciones ultra mecanizadas que funcionan con un máximo de dos o tres personas. Asimismo aseguró que los beneficios fiscales para la localidad son “mínimos” ya que pagan impuestos bajos y exentos de otros pagos —55€ al año en Balsa de Ves (Albacete)—. Por último, aludió a los informes de médicos que advierten de los peligros para la salud pública, como el de la doctora Ángela Prado Mira, intensivista del hospital de Albacete. Al administrar a los animales grandes dosis de antibióticos para evitar enfermedades y acelerar la ganancia de peso, estos generan bacterias multirresistentes que pueden causar enfermedades tras el consumo humano. Asimismo, señaló que “un importante número de trabajadores” que están expuestos a la inhalación de partículas y gases, como el amonio y el sulfuro de hidrógeno, sufren síntomas de irritación o enfermedad pulmonar crónica.
Ubicación de la explotación porcina recogida en el Informe de Impacto Ambiental.
Por su parte, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias ha presentado un recurso ante el Ayuntamiento de Barajas de Melo apelando al «cumplimiento de la normativa vigente» para que no conceda el informe o certificado de compatibilidad urbanística pues el proyecto de actividad y el Estudio de Impacto Ambiental han sido redactados por una arquitecta. Recuerdan que esta profesión «no es una especialidad próxima a la actividad agropecuaria» pues «la generación de estiércoles y producción de gases contaminantes y relativas a la gestión de estos y otros residuos requieren conocimientos técnicos específicos».
