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El Gobierno de Castilla-La Mancha se está encontrando con más obstáculos que facilidades en su política de apoyo a las macrogranjas porcinas. Junto con el trasvase Tajo-Segura, frenar la proliferación de macrogranjas se ha convertido en una de las principales reivindicaciones de la ciudadanía castellanomanchega. El tema inunda las redes sociales y aparece a diario en los medios de comunicación, y los partidos políticos, conscientes del eco que está alcanzando esta protesta, han querido posicionarse o tratan de pasar desapercibidos.
Podemos
El más crítico está siendo Podemos. Paradójicamente, el partido morado es quien facilitó que Emiliano García Page fuera investido presidente pese a que María Dolores de Cospedal ganó las elecciones por sólo dos escaños de ventaja. Podemos votó a Page y también aprobó sus presupuestos, un apoyo que ha convertido en vicepresidente regional al líder de la formación morada, José García Molina.
Sin embargo, al líder de Podemos le ha salido un opositor dentro de su propio partido, un opositor que incluso quiere tomar las riendas de la formación. El diputado David Llorente lleva meses denunciando que no tiene sentido que Podemos siga siendo la “muleta” de un Gobierno que está impulsando políticas como esta a favor de las macrogranjas. “La gente de Castilla-La Mancha necesita un Podemos que no se calle, que no tema alzar la voz”, dijo David en una entrevista concedida a El Diario, refiriéndose a la tibieza con la que el partido ha tratado el caso Incarlopsa, uno de los episodios más polémicos a los que se ha enfrentado el Gobierno de Page.
Incarlopsa, empresa dedicada a la producción cárnica, es la compañía más grande de Castilla-La Mancha, con una facturación anual que supera los 600 millones de euros. En esta comunidad, y en Castilla y León, da trabajo a 2.000 personas. Incarlopsa se ha convertido en uno de los principales proveedores de Mercadona y exporta carne a 35 mercados, entre ellos Japón, Hong Kong, Corea del Sur y Filipinas. En su factoría de Tarancón se mata cada día a 10.000 cerdos, y para aumentar la producción la empresa necesita que alrededor del matadero se engorde a un millón y medio de animales. Eso son “muchas granjas”, reconoció el consejero delegado de la compañía.
A principios de este año se conocieron varias noticias que relacionaban a la Junta con Incarlopsa. La justicia sentenció que la Junta “trabajó al dictado” de la empresa por sancionar a los inspectores veterinarios que habían levantado actas contra Incarlopsa por incumplir las leyes de bienestar animal. Al parecer, los animales eran degollados sin estar suficientemente aturdidos.
Según informó Economía Digital, la empresa pidió a la Junta que apartase a los inspectores críticos, y eso mismo fue lo que acabó ocurriendo. Finalmente, el juez ha concluido que la Junta actuó con una “arbitrariedad manifiesta que demuestra complacencia y claudicación frente a los deseos de un administrado”. Los veterinarios fueron readmitidos en sus puestos de trabajo.
Poco después se supo que entre 2016 y 2017 Incarlopsa había donado 400.000 euros a la Fundación Impulsa, una sociedad creada por el Gobierno de Castilla-La Mancha para realizar y divulgar actividades culturales y deportivas, así como a la promoción institucional de la región. Las donaciones son públicas, están recogidas en la contabilidad de la fundación, en la que también aparecen cantidades similares donadas por Globalcaja, Liberbank, Lácteas García Baquero, Iberdrola o La Caixa.
“En el año 2016 fue todo al acontecimiento del IV Centenario de la muerte de Cervantes, y en el 2017 se financiaron exposiciones como Photoespaña en las cinco capitales de provincia o un video mapping en Albacete. Nunca, como se ha dicho, a promoción o publicidad. Las donaciones que realizan las empresas son destinadas a actividades culturales”, explica a este periodista el director gerente de Impulsa, Gabriel González. A cambio, las empresas pueden acogerse a una serie de beneficios fiscales.
Sin embargo, para David Llorente (Podemos), “las donaciones de Incarlopsa a la Fundación Impulsa probablemente sean la explicación del trato de favor. Seguramente, una empresa como Incarlopsa no dona ese dinero a cambio de nada”. El asunto llegó a las Cortes y el presidente tuvo que dar explicaciones. “Si alguien piensa que hay algún tipo de trato de favor con alguna empresa, que lo diga en los tribunales. Ahora, si quieren que hablemos mal de una de las empresas que dan más empleo… que no haya nadie que juegue con miles de empleos. Hay empresas ejemplares que pueden cometer un error, no digo que no, pero también hay funcionarios que pueden cometer un error”, sentenció Emiliano García Page en el mes de marzo.
Desde Incarlopsa no han respondido a las preguntas planteadas por este periodista.
Pero además de sus críticas constantes hacia las macrogranjas, Podemos ha presentado en las Cortes varias iniciativas para frenar el auge de la ganadería intensiva. En febrero llevó al Parlamento una propuesta de resolución para que la Junta deje de “promover” con subvenciones la construcción de macrogranjas, que reciben ayudas de hasta 100.000 euros. En lugar de ello, Podemos pedía que se apoye un desarrollo rural y agropecuario “sostenible”. La resolución fue tumbada con el voto en contra del PSOE y la abstención del PP.
Y por último, este 21 de noviembre, la formación morada presentó una Proposición No de Ley pidiendo a la Junta que elabore una evaluación ambiental estratégica del sector de la ganadería intensiva, es decir, que analice cuál es el verdadero impacto de esta actividad. Del mismo modo, Podemos quería que durante el tiempo que durase esta evaluación la Junta suspendiera las licencias a nuevas macrogranjas y dejase de subvencionarlas. PP y PSOE se mostraron en contra de aplicar esta medida.
Equo, partido que apoyó a Podemos en las elecciones de 2015, también está desarrollando una amplia campaña de oposición a las macrogranjas. Este mes de noviembre, su eurodiputado, Florent Marcellesi, recogió las reivindicaciones de STOP Macrogranjas y las registró en Bruselas para que se investiguen los incumplimientos en los que supuestamente está incurriendo España por el crecimiento de la ganadería industrial.
Partido Popular
El Partido Popular de Castilla-La Mancha se ha pronunciado en alguna ocasión sobre este tema pero no ha pedido que se frene la proliferación de macrogranjas porcinas. Los conservadores no han apoyado ninguna de las propuestas de Podemos y tampoco han planteado iniciativas propias para frenar esta burbuja.
En septiembre, Cesárea Arnedo, diputada regional del PP, declaró que “la instalación de macrogranjas va en contra del desarrollo rural sostenible de los municipios”, y añadió que “la ganadería y la agricultura tradicional es totalmente incompatible con el uso de purines como abono”. Pero Cesárea es, además de diputada del PP, alcaldesa de Alpera, un pueblo de Albacete cuyos vecinos también se rebelaron contra la construcción de una macrogranja. Quizá sea esto lo que explique que el discurso de Cesárea haya sido mucho más contundente que la línea mantenida por la dirección de su partido.
En el centro de la image, Cesárea Arnedo, diputada del PP, en un acto de protesta contra las macrogranjas frente a la Consejería de Agricultura. | Fotografía: PP.
Por su parte, el PP de Cuenca ha trasladado su “preocupación por la alarma social que la futura instalación de varias macrogranjas porcinas está generando en pueblos de la provincia”, y acusa a la Junta de “no hablar claro sobre este tema”. Pero su crítica no ha pasado de ahí: se cuestiona cómo el Gobierno está gestionando este tema pero evita entrar a valorar si la proliferación de macrogranjas acabará provocando problemas a los ciudadanos y al entorno natural.
Partido Socialista Obrero Español
El partido socialista es el partido del Gobierno, así que su posición no dista en absoluto respecto a la mantenida por la Junta de Castilla-La Mancha. El PSOE ha votado en contra de las dos iniciativas de Podemos porque, a su juicio, poner límites a la ganadería industrial está “en contradicción con el modelo económico” de esta región. Los socialistas destacan que las macrogranjas son una oportunidad para el desarrollo de Castilla-La Mancha, niegan que exista ninguna burbuja y dicen que “si las cosas se hacen bien” no tiene por qué producirse contaminación de ningún tipo.
En el PSOE se congratulan por haber aprobado recientemente una modificación de la ley para que las granjas no se construyan a menos de dos kilómetros de los municipios (hasta ahora podían hacerlo a sólo un kilómetro). Además, el Gobierno regional ha manifestado en múltiples ocasiones que no autorizará ninguna granja que no venga avalada por el Ayuntamiento correspondiente.
Sin embargo, desde el movimiento anti-macrogranjas recuerdan que la mayoría de ayuntamientos no tienen normativas al respecto, de manera que no pueden oponerse a una granja que haya conseguido el informe favorable de los técnicos medioambientales de la Junta. Y añaden que, pese al cambio legislativo, los purines todavía se pueden verter a sólo 200 metros del casco urbano.
Izquierda Unida
Izquierda Unida no tiene representación en las Cortes de Castilla-La Mancha, así que su oposición a las macrogranjas se está desarrollando fuera del Parlamento. El coordinador general de la formación, Juan Ramón Crespo, asegura que “es falso que se estén creando muchos puestos de trabajo” gracias a las macrogranjas, a las que acusa de competir contra las “explotaciones tradicionales y familiares”. “El trabajo es mecanizado, juega en contra del desarrollo sostenible de la región, del turismo y del propio patrimonio”, añade Juan Ramón.
En el Ayuntamiento de Cuenca, a principios de 2018, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propuso una moción para que dentro del término municipal de la ciudad no se conceda licencia a ninguna macrogranja. La iniciativa fue tumbada por el voto en contra de PP y PSOE, y Ciudadanos, por su parte, se abstuvo. “Aunque Ciudadanos apoya toda iniciativa empresarial que genere empleo y mejore la economía de nuestras comarcas –dijo la líder del partido, María Jesús Amores–, después de valorar los pros y los contras de estas instalaciones, la balanza se inclina por el rechazo por su efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud de las personas”.
Orlena de Miguel es portavoz de Ciudadanos Castilla-La Mancha. | Fotografía: Ciudadanos.
Ciudadanos
Lo cierto es que estas declaraciones de María Jesús Amores son de las pocas que Ciudadanos ha realizado en relación a las macrogranjas porcinas. El partido naranja apenas se ha referido a esta cuestión y sólo lo ha hecho cuando se ha visto obligado a posicionarse.
Así ocurrió, por ejemplo, durante una entrevista que la portavoz regional de Ciudadanos, Orlena de Miguel, mantuvo en Cadena Ser. Preguntada al respecto, Orlena explicó que las macrogranjas son “una actividad que tiene un impacto medioambiental bastante grande y habrá que ver si se pueden llevar a cabo o no”. “Desde luego, lo que no nos parece es que una región tenga que jugárselo todo a una carta, que sean las macrogranjas la solución al empleo y la economía. Tampoco nos oponemos a que se hagan, siempre que estén dentro de la legalidad y sean sostenibles, pero hay que diversificar un poquito”, concluyó su respuesta.
En internet es difícil encontrar más referencias de Ciudadanos a esta cuestión.
