La macrogranja de Huerta de la Obispalía a la que se anuló la autorización ambiental sigue funcionando

Una patrulla del Seprona levantó una diligencia sobre esta situación, la cual trasladó a la Dirección Provincial de Agricultura de Cuenca.

A partir de esta diligencia del Seprona, la Viceconsejería de Medio Ambiente ha acelerado los trámites para otorgar nuevamente las autorizaciones precisas y que fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Queda en entredicho el discurso de la administración regional sobre la rigurosidad en los procesos de evaluación ambiental.

Jueves, 2 de agosto de 2018

A pesar de la Sentencia del TSJ que anuló en enero de 2018 todo el procedimiento administrativo de evaluación ambiental y autorización ambiental integrada de esta explotación porcina por considerar que no se ajustaba a derecho, esta instalación ganadera funciona a día de hoy con normalidad*, hecho del que tiene constancia la Viceconsejería de Medio Ambiente a través de una diligencia de presencia del Seprona.

Esta situación debería haber llevado a la Viceconsejería a incoar expediente sancionador y dictar orden de clausura inmediata de la actividad, ya que no podría estar funcionando sin Declaración de Impacto Ambiental, Autorización Ambiental Integrada ni licencia de actividad en regla. Sin embargo, la administración autonómica ha publicado nuevamente la Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial en fecha 29 de junio para intentar regularizar su situación lo antes posible.

Se da la circunstancia que se publica de manera literal la misma Declaración de Impacto Ambiental que fue anulada por el TSJ, sin apertura de plazo ni periodo ninguno para alegaciones, por lo que se estaría incumpliendo el contenido de la propia Sentencia por parte de la Administración regional, ya que se condenaba expresamente a la JCCM por no haber abierto o instrumentalizado un plazo de alegaciones tras la publicación de la DIA y antes de emitirse la Autorización Ambiental Integrada que hubiera permitido la eficaz participación ciudadana. Periodo que tampoco se ha abierto en este caso. Por otro lado, esta Declaración de Impacto Ambiental es de fecha de 18 de julio de 2014, siendo el plazo legal de caducidad de la misma de tres años, por lo que actualmente no serviría a los fines pretendidos, debiendo iniciarse el proceso de evaluación ambiental de nuevo.

Esta situación contradice de manera clara el reiterado discurso tanto del Director Provincial de Agricultura, Sr. Joaquín Cuadrado, quien afirmó que “el objetivo del Gobierno regional es que todas las granjas que se pongan en marcha cuenten con las garantías ambientales y sanitarias necesarias”1, como del propio Consejero, Sr. Martínez Arroyo, quien en sede parlamentaria aseveró que “en Castilla-La Mancha se cumple la normativa ambiental y de control animal y si se detectan anomalías se sanciona a las empresas».

    En el caso de Huerta de la Obispalía, los órganos ambientales competentes están permitiendo con conocimiento de causa que esta explotación porcina funcione sin las autorizaciones ambientales pertinentes y, por tanto, sin el consiguiente control de sus actividades susceptibles de contaminación ambiental. No sólo no se sanciona sino que se han acelerado los trámites ambientales para que deje de estar en funcionamiento de manera ilegal, como está actualmente. Lo cual recuerda sin lugar a dudas al caso Incarlopsa, cuando la JCCM obvió los reiterados informes de los funcionarios que indicaban el incumplimiento de la normativa de bienestar animal en el matadero de esta empresa cárnica y abrió expediente disciplinario a estos funcionarios.

    Daniel González, portavoz de Pueblos Vivos Cuenca, reafirma lo que esta plataforma lleva denunciando desde hace más un año que, “la administración regional, en especial la Viceconsejería de Medio Ambiente, está tramitando los expedientes de las explotaciones porcinas intensivas de manera acelerada incumpliendo la propia normativa ambiental, vemos como muchos casos se aprueban proyectos sin planes de abonado o sin especificar las parcelas donde se esparcirá el purín, requisitos indispensables. En este caso, la situación es más grave aún, puesto que una explotación porcina está en funcionamiento sin las correspondientes autorizaciones ambientales con conocimiento del órgano ambiental, que no sólo no lo sanciona sino que le facilita la tramitación con urgencia para evitarle el expediente sancionador que le debería acarrear”.